
El Gobierno Vasco modificará el Decreto que regula las viviendas y habitaciones turísticas en zonas rurales para hacer frente a la laguna legal que afecta la seguridad jurídica de los operadores turísticos. Actualmente, el Decreto no ofrece una regulación específica para estos alojamientos, lo que ha creado una situación de incertidumbre legal.
- El 50% de las Viviendas Turísticas en Vitoria no tienen licencia
- Vecinos del Casco Viejo en pie de guerra contra las viviendas turísticas
En 2016, la Ley de Turismo estableció tres tipos de alojamientos turísticos: establecimientos de alojamiento, viviendas para uso turístico (VUT) y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico (HVUT). Sin embargo, el Decreto que se encarga de desarrollar esta ley, no menciona específicamente las características de los alojamientos en zonas rurales.
Esta situación ha dejado a las viviendas turísticas rurales en un vacío legal, creando inseguridad tanto para los operadores turísticos como para la administración.
Objetivos del Cambio
El proyecto de modificación del Decreto tiene los siguientes objetivos:
- Eliminar la laguna legal en la regulación de viviendas y habitaciones turísticas en el medio rural.
- Ofrecer más seguridad jurídica a los operadores turísticos y a la administración.
- Mejorar la protección de los usuarios de estos alojamientos.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Alternativas Consideradas
Se evaluaron dos alternativas:
- Modificar el Decreto 101/2018: Esta opción busca incluir la regulación específica de los alojamientos turísticos rurales en el decreto actual, eliminando la Disposición Adicional Primera y adaptando la normativa a las necesidades actuales.
- No realizar cambios: Esta opción fue descartada debido a los problemas legales que genera no tener una regulación clara para los alojamientos rurales.
Principios de Buena Regulación
Según se detalla, el proyecto de cambio cumple con los principios de calidad normativa establecidos en la Ley y «responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, garantizando una regulación clara y completa para los alojamientos turísticos en áreas rurales».