El Gobierno Vasco ha requerido a Idealista la retirada de anuncios de vivienda protegida en los que se estaría exigiendo un pago adicional por muebles u otros conceptos. La actuación parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, y del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, dirigido por Javier Hurtado. Ambos consejeros firman el requerimiento remitido a la plataforma para exigir la revisión y retirada de ofertas de VPO con posibles sobreprecios encubiertos.
La carta está dirigida a Jesús Encinar, CEO y fundador de Idealista, y está fechada en Vitoria-Gasteiz el 22 de junio de 2026. En el escrito, el Gobierno Vasco sostiene que ha detectado anuncios en los que la transmisión de viviendas protegidas se condiciona al pago adicional por mobiliario u otros conceptos accesorios.
Según recoge el requerimiento firmado por Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, y Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, esta fórmula, presentada como una compraventa de muebles, “encubre en realidad un sobreprecio”.
El pago por muebles como condición para comprar una VPO
El Gobierno Vasco considera que estas prácticas vulneran el régimen jurídico de la vivienda protegida. El escrito señala que los muebles pueden tener un valor en el mercado, pero que su adquisición no puede imponerse como condición para acceder a una VPO.
La carta advierte de que la vivienda protegida no puede tratarse como un producto especulativo. El Ejecutivo recuerda que el parque de VPO en Euskadi es resultado de un esfuerzo público y social para facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente a clases medias y trabajadoras.
Por eso, Vivienda y Consumo sostienen que no se puede permitir que ese objetivo se altere mediante fórmulas que, bajo apariencia de legalidad, eleven el precio real de la vivienda protegida.
Tres exigencias a Idealista
El requerimiento pide a Idealista una revisión inmediata de los anuncios de viviendas de protección oficial publicados en su plataforma. La solicitud se centra especialmente en aquellas ofertas que incluyan pagos adicionales encubiertos.
El Gobierno Vasco también exige la retirada de los anuncios en los que la compraventa de una VPO esté condicionada a la adquisición obligatoria de mobiliario u otros bienes accesorios.
Además, reclama a Idealista que establezca mecanismos de control y verificación más estrictos para impedir que este tipo de prácticas se publiquen o se difundan en el futuro.
El Ejecutivo asegura que ya ha iniciado actuaciones de inspección y análisis en distintos expedientes. También advierte de que no descarta acciones administrativas o legales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Itxaso avisa de que Vivienda ya había advertido de estas prácticas
Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, ha señalado en un mensaje publicado en X que el Gobierno Vasco ya había avisado hace unos meses de que no toleraría intentos de venta fraudulenta de VPO en Euskadi.
El consejero ha explicado que el Departamento de Vivienda ha remitido un requerimiento a Idealista para retirar anuncios en los que se exige un sobreprecio por los muebles. También ha indicado que se han abierto expedientes en las delegaciones territoriales de Etxebide.
Itxaso ha agradecido además la colaboración de Kontsumobide en lo que ha definido como “la causa social de la VPO”.
Kontsumobide detecta incumplimientos en todas las webs revisadas
La actuación sobre los anuncios de VPO se produce en paralelo a una campaña informativa de Kontsumobide sobre agencias y plataformas que ofertan viviendas de uso habitual en zonas de mercado residencial tensionado en Euskadi.
El Instituto Vasco de Consumo ha rastreado 43 sitios web. En total, ha revisado 40 agencias inmobiliarias y tres grandes plataformas de intermediación.
El resultado inicial apunta a un incumplimiento generalizado. Según Kontsumobide, ninguna de las webs con ofertas activas cumplía íntegramente con los requisitos legales de información a la persona consumidora.
Entre las irregularidades detectadas están la ocultación de la condición de zona tensionada, la falta de información sobre la última renta vigente en los últimos cinco años y la ausencia del índice de referencia de precios aplicable.
Nueva inspección con carácter sancionador
Kontsumobide ha remitido comunicaciones formales a los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria y a los principales portales inmobiliarios. El objetivo es trasladarles los resultados de la campaña informativa y recordarles sus obligaciones legales.
El organismo también mantendrá reuniones con inmobiliarias y portales para insistir en que la información publicitaria debe ser veraz, eficaz y suficiente.
En esos encuentros se hará un recordatorio específico sobre los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato. Kontsumobide subraya que esos gastos deben ser asumidos íntegramente por la parte arrendadora y no por la persona inquilina.
Después de esta fase informativa, Kontsumobide iniciará una nueva campaña de inspección y control con carácter sancionador. Esa segunda fase servirá para comprobar si agencias y plataformas han corregido las irregularidades detectadas.