La Diputación ha informado sobre la detección de hasta 30 puntos de intervención clandestina en el yacimiento romano de Iruña-Veleia. Frente a estas acciones ilegales, la entidad ha procedido a presentar dos denuncias por el expolio de bienes culturales.

Para combatir y prevenir futuras incidencias, la Diputación planea reforzar la seguridad en el área, aumentando la presencia de Miñones y el número de rondas de vigilancia privada. Esta decisión se produce tras el descubrimiento de aproximadamente 30 agujeros clandestinos en las 126 hectáreas del sitio, en un periodo de solo tres meses.

Ana del Val, diputada de Cultura, ha calificado los hechos como «acciones criminales», enfatizando que los responsables no parecen ser «meros aficionados, sino individuos con conocimiento de sus actos ilegales». En respuesta a la situación, la institución ha ampliado la zona de seguridad y solicitado a los cuerpos de seguridad incrementar su presencia. También se ha instruido al personal de vigilancia para que intensifique las inspecciones de manera más frecuente.

El yacimiento, dada su extensa superficie, es considerado un objetivo principal para los usuarios de detectores de metales, según ha señalado Javier Fernández Bordegaray, jefe del Servicio Foral de Museos y Arqueología. Ha destacado el crecimiento del problema debido a la «reducción en el costo de estos dispositivos» y la influencia de culturas que promueven la búsqueda de tesoros como un hobby, lo que ha contribuido a una actitud irrespetuosa hacia el patrimonio. Bordegaray recordó que los bienes patrimoniales son de dominio público y que su posesión ilegal constituye un delito.