El domingo 28 de abril de 2019 se celebrarán elecciones generales en España. Serán las decimocuartas desde la transición a la democracia y las terceras con Felipe VI como rey de España. El 4 de marzo, previa deliberación del Consejo de Ministros, el rey firmó el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones bajo refrendo del presidente del Gobierno, quedando automáticamente disueltas las Cortes a las 00:00 horas del 5 de marzo.
Tras las elecciones de 2016, el Partido Popular formó un gobierno minoritario con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria, permitido por la abstención del Partido Socialista Obrero Español en la investidura de Mariano Rajoy, después de una crisis en el partido que resultó en el derrocamiento de Pedro Sánchez como líder del PSOE. La posición del PP en el poder se vería socavada por una crisis constitucional sobre la cuestión catalana, el resultado de una elección regional celebrada en Cataluña, junto con los escándalos de corrupción y las protestas masivas de grupos de jubilados que demandan aumentos en las pensiones, con encuestas de opinión realizadas a principios de 2018 que sugieren un colapso electoral del PP. Sánchez, quien fue reelegido como líder del PSOE en un congreso extraordinario en 2017, aplicó una moción de censura al gobierno de Rajoy en junio de 2018, después de que la Audiencia Nacional determinó que el PP se había beneficiado de lo ilegal con sobornos para contratos de Gürtel y confirmó la existencia de una estructura de contabilidad y financiamiento ilegal que se desarrolló en paralelo con la oficial del partido desde 1989. Rajoy renunció como líder del PP, siendo reemplazado por Pablo Casado, de 37 años.
Después de que el Congreso de los Diputados rechazara el presupuesto de 2019 el 13 de febrero de 2019, se confirmó que Sánchez convocaría elecciones anticipadas para abril, y la fecha específica se anunciaría tras una reunión del Consejo de Ministros el 15 de febrero.789
Se barajaban el 14 de abril, 28 de abril y el 26 de mayo, coincidendo con europeas, autonómicas y municipales; al final el Gobierno se decantó por la segunda fecha.
Las Cortes Generales españolas están previstas como un sistema bicameral imperfecto. El Congreso de los Diputados tiene mayor poder legislativo que el Senado, tiene la capacidad de votar con confianza o retirarlo a un presidente del Gobierno y anular los vetos del Senado por mayoría absoluta de votos. No obstante, el Senado posee algunas funciones exclusivas, aunque limitadas en número —como su función en la enmienda constitucional— que no están sujetas a la anulación del Congreso. La votación para las Cortes Generales se basa en el sufragio universal, que comprende a todos los ciudadanos mayores de dieciocho años y en pleno disfrute de sus derechos políticos. Además, los españoles en el extranjero deben solicitar votar antes de que se les permita votar, un sistema conocido como «voto rogado» o voto de expatriados.
Para el Congreso de los Diputados, se eligen 350 escaños utilizando el método D’Hondt y una representación proporcional de lista cerrada, con un umbral del 3 por ciento de votos válidos, que incluye boletas en blanco, que se aplican en cada distrito electoral. Las partes que no alcanzan el umbral no se toman en cuenta para la distribución de asientos. Además, el uso del método D’Hondt puede resultar en un umbral efectivo de más del tres por ciento, dependiendo de la magnitud del distrito.
Los asientos están asignados a circunscripciones, correspondientes a las provincias de España. Cada distrito electoral tiene derecho a un mínimo inicial de dos escaños, con los restantes 248 asignados entre los grupos en proporción a sus poblaciones. A Ceuta y Melilla se les asignan los dos escaños restantes, que se eligen por votación plural.
Para el Senado, 208 escaños son elegidos usando una lista abierta de votación de bloque parcial, con electores que votan por candidatos individuales en lugar de partidos. En los distritos electorales que eligen cuatro asientos, los electores pueden votar por hasta tres candidatos; en aquellos con dos o tres escaños, hasta dos candidatos; y por un candidato en distritos uninominales. A cada una de las 47 provincias peninsulares se les asignan cuatro escaños, mientras que para las provincias insulares, como las Islas Baleares y Canarias, los distritos son las islas en sí mismas, y las más grandes (Mallorca, Gran Canaria y Tenerife) tienen tres escaños cada una, y las más pequeñas —Menorca, Ibiza, Formentera, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma— una cada una. Ceuta y Melilla eligen dos escaños cada una. Además, las comunidades autónomas pueden nombrar al menos un senador cada una y tienen derecho a un senador adicional por cada millón de habitantes.
La ley electoral establece que los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores pueden presentar listas de candidatos. Sin embargo, los partidos, federaciones o coaliciones que no hayan obtenido un mandato en ninguna de las cámaras del Parlamento en la elección anterior deben garantizar la firma de al menos el 0,1 por ciento de los electores registrados en la circunscripción para la cual buscan la elección, mientras que las agrupaciones se requiere que los electores aseguren la firma del 1 por ciento de los electores. Los electores no pueden firmar por más de una lista de candidatos. Al mismo tiempo, los partidos y las federaciones que pretenden ingresar en la coalición para participar conjuntamente en una elección deben informar a la Comisión Electoral pertinente dentro de los diez días posteriores a la convocatoria.
