La jueza argentina María Servini, encargada en ese país de la investigación sobre los posibles crímenes cometidos durante el franquismo, ha solicitado en su instrucción diversas pruebas que ya fueron solicitadas por las Juntas Generales de Álava y por la Diputación Foral de Álava en la querella presentada ante el Juzgado de Instrucción de Vitoria-Gasteiz en 2016. En este caso, la querella por los hechos del 3 de marzo de 1976 fue sobreseída y archivada. El proceso abierto en el país sudamericano, sin embargo, pretende hacer valer esas pruebas para determinar si son constitutivos de delito diversos hechos cometidos durante la etapa franquista, entre los que se encuentran los derivados de lo ocurrido en la capital alavesa.
Momento del 42º aniversario del 3 de marzo de 1976 | Foto: GasteizBerri.com
El Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria-Gasteiz desestimó en enero de 2017 la querella presentada por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava con el fin de esclarecer los hechos del 3 de marzo de 1976, de la misma manera que, cuatro meses más tarde, fueron desestimados por la Audiencia Provincial de Álava los diferentes recursos de reforma y apelación. En su escrito, las instituciones alavesas requerían al citado juzgado la solicitud de diferentes pruebas documentales y testificales que nunca fueron aceptadas al sobreseerse la causa.
La mayoría de estas pruebas, sin embargo, forman parte ahora de los diferentes exhortos internacionales dictados por la jueza argentina María Servini, en el marco del proceso judicial que dirige en ese país. Entre las pruebas requeridas por la magistrada y que ya fueron solicitadas en la querella alavesa, se encuentra la petición al Juzgado de Instrucción de A Coruña para que requiera al Tribunal Militar Territorial Cuarto copia testimoniada de los sumarios correspondientes a los heridos y fallecidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz.
En su escrito, la jueza Servini solicita además al Juzgado de Instrucción nº4 de la capital alavesa copia testimoniada de las diligencias previas sobre la querella formulada por Ladislao Millán Montoya y otras personas en 2001. Asimismo, le encomienda recabar declaración testimonial de una veintena de personas, las mismas que las instituciones alavesas indicaron en su querella, y que, residentes en la Vitoria-Gasteiz, tuvieron conocimiento directo o fueron damnificados por aquellos hechos.
Por su parte, demanda al Ministerio del Interior y a la Subdelegación del Gobierno en Álava el listado de miembros de las diferentes compañías de la Policía Armada, los agentes y mandos que se encontraban en servicio y/o intervinieron en los hechos o las personas que entraron y salieron de la sede del Gobierno Civil de Álava aquel día de 1976. Asimismo, requiere a la Dirección General de la Policía que emita un informe sobre tipos de material antidisturbios en uso y armas empleados por la citada Policía Armada en aquellos momentos.
