El PP alavés asegura que la diputada de Hacienda “queda políticamente tocada al no aclarar su papel en los contratos del caso De Miguel con las cuadrillas”
En el juicio oral, el fiscal Josu Izaguirre, apodado como "el azote del PNV, PP y PSE", sostuvo que los acusados en el caso De Miguel estaban protegidos por todo el poder establecido del PNV.
De Miguel ha continuado trabajando en el Gobierno Vasco a pesar de estar imputado. Recibió dos plazas reservadas en la Administración pública a través de excedencias en puestos que obtuvo "de forma discrecional": uno en Sprilur y otro en Hazi.
En 2010 y 2019, el Lehendakari expresó su reprobación a la corrupción, compromiso con la transparencia y ética en la gestión pública y política, así como su respeto a las decisiones de la justicia y cumplimiento de las mismas.
El Lehendakari ha afirmado que mantiene su postura sobre el "caso De Miguel", específicamente la que expresó en 2010 y 2019 como Presidente del Partido Nacionalista Vasco. En esa ocasión, mostró su rechazo a la corrupción y su compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política.
También se condena al gerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Carlos Arriola Lacruz, con una inhabilitación de 4 años por ayudar en prevaricación administrativa; mientras que al Director de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno Vasco, Francisco Javier Sánchez Robles, se le impone una pena de prisión de más de 7 años por varios delitos cometidos.
El sindicato CCOO denuncia más de 55 despidos en Álava desde el preaviso electoral para constituir un comité de empresa y traslada el caso a la Inspección de Trabajo
