La disputa se centra en la vulneración de competencias autonómicas en materia de vivienda, tras agotar las vías de negociación sin alcanzar un acuerdo con el Gobierno español.
El acuerdo, que contempla una inversión de cerca de 200 millones de euros, busca incrementar el parque de viviendas públicas y fomentar la cohesión urbana en Salburua.
Elkarrekin y PP denuncian que el presupuesto de 2026 no afronta la emergencia habitacional ni refuerza la seguridad. Critican la negativa a aplicar el canon de vivienda vacía y la falta de policía en la calle.
Alertan de los posibles perjuicios económicos para el comercio y la hostelería local en caso de una deslocalización y piden al Ayuntamiento que aclare públicamente sus planes sobre el estadio.
